La Inquisición: jueces de la fe con autoridad del papa, y el poder civil a su servicio (1252-1542)

Letrán IV había fijado el principio; la Inquisición le dio jueces permanentes. En la bula Ad extirpanda (1252), Inocencio IV mandó a las ciudades de Lombardía, la Romaña y la Marca Trevisana poner en sus estatutos que el magistrado recibiera a los condenados por herejía por el obispo o los inquisidores y cumpliera contra ellos las leyes «statim, vel infra quinque dies ad minus» («enseguida, o al menos dentro de cinco días»), y que obligara a los presos a confesar y a delatar a otros, como se obligaba a los ladrones, «citra membri diminutionem et mortis periculum» («sin mutilación de miembro ni peligro de muerte»): con esa bula, según Lea, el papado autorizó la tortura en las causas de herejía.

En 1478, según Lea, Sixto IV autorizó a los Reyes Católicos a nombrar inquisidores en sus reinos, y en 1542 Pablo III, con Licet ab initio, nombró a seis cardenales «inquisidores generales y generalísimos» para toda la cristiandad, con poder para encarcelar, juzgar hasta la sentencia final, hacer degradar a los clérigos para entregarlos a la curia secular e invocar el brazo secular. Es el tribunal que quemó en efigie a Casiodoro de Reina.