Westminster: el magistrado, bajo la ley de Dios, pero no bajo las leyes judiciales de Israel (1646)

En sentido amplio, la postura reformada clásica es teonómica: el magistrado está bajo la ley de Dios, y no solo en lo que toca a la segunda tabla. Calvino enseña que su oficio se extiende «a las dos tablas de la ley», y que ninguna república puede ordenarse felizmente si su primer cuidado no es la piedad; Westminster, en 1646, manda al magistrado suprimir las herejías y blasfemias (23,3). Si se quiere, es una teonomía suave.

Pero ni Calvino ni Westminster ponen al magistrado bajo las leyes judiciales de Moisés. Calvino llama «falsa y necia» la opinión de los que niegan que esté bien ordenada la república que, dejando las leyes políticas de Moisés, se rige por las leyes comunes de los pueblos: cada pueblo es libre de darse las leyes que le convengan, con tal que respondan a la regla perpetua de la caridad. La equidad es una; las leyes y las penas varían según los tiempos y los pueblos, y no es necesario ni conveniente que coincidan. Westminster dice que las leyes judiciales «expiraron junto con el Estado de aquel pueblo» y no obligan a otro «más de lo que la equidad general de ellas lo requiera» (19,4).

La teonomía de hoy va más allá. Greg Bahnsen pidió en By This Standard (1985) reconocer «la obligación continua de los magistrados civiles de obedecer y hacer cumplir las leyes pertinentes del Antiguo Testamento, incluidas las sanciones penales», y presumir que siguen vigentes mientras Dios no diga otra cosa; la «equidad general» de Westminster sería el principio de cada ley, que sigue obligando. A nuestro juicio, es una discusión dentro de casa: la misma confesión, leída de dos maneras. La diferencia está en la presunción, que para Westminster es que expiraron, y en las penas, que para Calvino cada pueblo puede fijar. Esto no juzga la pena de muerte, que la ley de Israel mandaba y que católicos y reformados aprobaron durante siglos (54h).